«Sin educación no seremos más que lo que desgraciadamente somos»
(Manuel Belgrano, político, abogado y educador argentino, prócer de la patria)
Cuando éramos niños solíamos escuchar algunas máximas que se repetían de generación en generación por parte de los adultos mayores.
Palabras más, palabras menos, aquella visión extendida de que «un pueblo sin educación es mucho más fácil de dominar» lejos está de ser una declaración plagada de doñarrosismo explícito, repetida al unísono por parte de personas que no estaban pensando críticamente en el alcance de sus afirmaciones.
En efecto, hay mucho de realidad en esa sentencia. No se necesita ser un genio ni un especialista en la materia para advertir que la educación crea mundos, elimina desigualdades y permite, todavía, algún margen de libertad.
El perfil de un país se expresa a partir de múltiples variables, siendo acaso las más centrales las siguientes: el valor y la importancia que le da a la educación, la salud y la seguridad, para lo cual la historia, la política y los derechos humanos tienen un rol clave.
Que un gobierno, a través de su plataforma política, niegue derechos históricamente adquiridos pone de manifiesto una clara intencionalidad de cambiar la matriz de un país que hizo de la educación pública una bandera y de las políticas de la memoria un fundamento que reafirma asuntos tan elementales como la dignidad.
Cuando se ponen en duda principios ante los cuales reinaba cierto consenso social surgido a partir de acuerdos colectivos, inevitablemente surge la inestabilidad como estrategia para ejercer hegemonía, con lo cual esa entelequia autopercibida como pueblo estaría dejando de ser soberana.
Gobernar en democracia no significa hacer lo que tal o cual autoridad quiere. En todo caso, esos procederes corresponden a otras formas de poder que, tristemente, la historia argentina ha tenido en más de una ocasión, siendo la última de ellas el factor determinante para que tales episodios no se repitan nunca más.
En épocas de turbulencia, los padres y abuelos de antes recomendaban no olvidarse los orígenes, esto es, el fundamento de todo lo que existe, la explicación de cada circunstancia, los motivos que le dan sentido a la vida.
Entonces, una estrategia podría ser correrse de la denominada grieta y viajar más allá de las dicotomías: salir de civilización y barbarie, unitarios y federales, ciudad y campo, peronismo y antiperonismo, kirchnerismo y antikirchnerismo.
Si despejamos esas espesas capas de conflicto, encontraremos aquellos protagonistas que quedan a salvo de toda controversia: José de San Martín, Manuel Belgrano, tal vez Mariano Moreno; y más acá en el tiempo, René Favaloro y Don Ernesto Sabato, además de los Premios Nobel en ciencia como Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein. Todos ellos, salidos de la universidad pública y siendo indispensables en sus diversos aportes a la comunidad. Aun así, entre todas esas menciones, y más allá de que sigue siendo generador de polémicas a partir de sus luces y sombras, la figura de Domingo Faustino Sarmiento no debe omitirse como alguien con una participación destacada en la educación nacional, sobre todo a partir de iniciativas como el de convocar y preparar a maestras de grado para que alfabetizaran a la población en distintas regiones del país.
La defensa de la educación pública no forma parte de esa disputa ideológica en la población. Probablemente, sea el último punto de unanimidad que tenga una ciudadanía golpeada por las circunstancias, confundida por la coyuntura, impotente ante las desgracias.
Los cimientos de la Argentina, desde el proyecto de Estado-Nación que surge hacia la década de 1860, se sustentan en un sistema educativo para todos, igualitario e inclusivo. Y esa tendencia se confirma con la Reforma Universitaria de 1918, un hito fundacional de reconocimiento local, regional y mundial, incluso tomado como paradigma de referencia en distintos lugares del mundo.
Ese prestigio alcanzado y ampliamente difundido de la educación a nivel superior consistió en crear una estructura independiente de los gobiernos de turno, elección propia de autoridades y acceso de docentes a sus cargos por concurso de antecedentes y oposición, entre otras conquistas, todo lo cual contribuyó a la excelencia de las universidades nacionales, sentándose los principios para lograr una gratuidad en el acceso que comenzó en tiempos del radicalismo de fines de la década de 1910 y se logró recién en 1949, en épocas del peronismo.
Desde entonces, salvo instancias funestas como las dictaduras militares que generaron reacciones violentas como la Noche de los Bastones Largos en 1966, el Cordobazo en 1969, la Noche de los Lápices en 1976, además de la carpa blanca docente durante el menemismo, la educación pública siempre ha logrado superar las adversidades; y eso no es magia ni acontecimiento fortuito, sino el propio peso de una tradición que en alrededor de 150 años de historia permitió al hijo del obrero y personal doméstico acceder a mejores condiciones de vida, convirtiendo en realidad el tan ansiado sueño de progreso.
El actual sistema universitario se encuentra en jaque por las políticas financieras del actual oficialismo, que amparándose en la reducción del gasto público acota prácticamente toda su plataforma ideológica al imperio de la economía, olvidándose ex profeso de que hay derechos que deben quedar inmaculados ante la crítica situación del país.
Al día de la fecha, las 60 universidades nacionales cuentan con alrededor de 2, 7 millones de estudiantes en total repartidas en sus aulas; si se suma el personal docente y no docente, llegarían aproximadamente a 4 millones de personas. A esto hay que sumar los profesionales que egresaron de las casas de estudios públicas, gratuitas y de calidad, que ofrecen soluciones a las problemáticas que suceden en la población.
Los profesionales e investigadores universitarios curan enfermedades, crean rutas, trabajan en escuelas, cuidan parques nacionales y forman parte de distinguidos grupos de investigación en organismos como la NASA, por citar tan sólo algunos ejemplos.
Hoy, el presupuesto pautado alcanzaría hasta cubrir el primer cuatrimestre del año, con lo cual quedarían sueldos sin pagar y faltaría dinero para infraestructura, recursos para viajes de estudio, mantenimiento de laboratorios y adquisición de diversos materiales que hacen a las condiciones mínimas que debe contar alguien que transita por los pasillos de las universidades nacionales.
Para que se entienda bien: la educación nunca es un gasto y siempre resulta una inversión. Cada contribuyente argentino, a través de sus impuestos, financia la formación de profesionales que estarán llamados a mejorar la calidad de vida de un país, por más que algunos hayan decidido irse a vivir a la comodidad del exterior habiendo recibido una formación gratuita y de calidad, en un acto que -salvo excepciones de cada caso- podría poner en duda el patriotismo porque asisten a un faltante en el deber moral de devolver algo a su lugar de origen.
La masiva marcha federal del 23 de abril habla por sí sola. Va mucho más allá de los fanatismos o simpatías a nivel político. Además del futuro, lo que está altamente riesgo es el presente de un país.
Un gobierno que le mezquina recursos a su educación pública es como aquellos poderosos que le sacan la comida de la boca a sus esclavos. En esa perversidad, los políticos de turno no sólo encontrarán resistencias, sino también la certeza de que si un pueblo puede organizarse y salir a las calles significa que no es bruto, gracias a una educación pública que le enseñó a defender sus legítimos derechos.
Adriano LH 