En la afamada, urgente y necesaria película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, hay una escena en que Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) derriba la perversa Teoría de los dos Demonios cuando afirma que, en todo caso, quienes se oponían al gobierno debieron ser llevados a un juicio que establezca su responsabilidad, culpabilidad o inocencia en los hechos que se los acusaban.
Durante décadas, la sociedad argentina calló por miedo, ignorancia o negación los hechos perpetrados entre 1976 y 1983, el período que peor atentó contra la integridad de la población civil en el país, violando sistemáticamente los derechos humanos.
Sentenciar que NO fue una guerra civil es inmediatamente asumir que el Estado desistió de cumplir la misión que le fuera encomendada en las democracias modernas; es decir, gestionar la convivencia de la ciudadanía, apelar al bien común y solucionar los conflictos mediante acciones que lejos estén de la violencia.
La última Dictadura Militar en Argentina llevó a cabo un plan estratégico de secuestros, torturas, desapariciones y muertes a distintos grupos que se oponían a su poder; lo hizo amparándose en organismos internacionales con claras intenciones de reducir los efectos de las guerrillas e ideologías marxistas que se estaban expandiendo por el continente.
No se trata de hablar en términos de ‘buenos’ y ‘malos’, de manera ligera e inocente, sino de hacerse cargo como sociedad: si el Estado va a abusar de su poder para perseguir, maltratar y destruir, ¿qué otra lectura o análisis podría haber?
Cuando Argentina recuperó la democracia en 1983, condenó a las Juntas Militares; en los 90, un gobierno neoliberal las indultó; y a principios de este siglo reabrió las causas porque los delitos de lesa humanidad jamás prescriben.
Desde hace unos años resurgen peligrosamente los discursos negacionistas que cuestionan la cifra de 30 mil desaparecidos y revindican aquellas atroces prácticas que reverberan en la vigilancia, el control y los castigos. Tales mensajes se expanden con exigencias como la mano dura, la baja de edad de imputabilidad en menores y la idea de que la política es nociva si afecta a los más fuertes.