Un sistema agotado

A la última Ley Federal de Educación N° 26.206, la sociedad en su conjunto le debe la obligación de la escolaridad como un derecho inalienable durante al menos quince años ininterrumpidos en la vida de niños y adolescentes: tres para Nivel Inicial, seis de Nivel Primario y la misma cantidad para el Nivel Secundario.

Las autoridades advirtieron que el problema de la deserción debía revertirse y apelaron al criterio de la inclusión, con otras medidas complementarias como dejar sin efecto las expulsiones de estudiantes con faltas de conductas graves y alentar la posibilidad de promocionar el año con mayor cantidad de materias previas, es decir, sin aprobar.

Entre otras novedades, la escuela común recibe a estudiantes con diversas discapacidades provenientes de Escuelas de Educación Especial, fomentando experiencias colectivas de gran sensibilidad humana.

Sin embargo, hay problemas de base que no se resuelven. Por ejemplo, la calidad educativa sigue estando en debate, dado que existe una notoria desarticulación entre diseños curriculares, capacitación docente, salarios dignos e infraestructura para llevar a cabo propuestas que optimicen mejoras no solamente cognoscitivas sino también vinculares.

Es tan grave y urgente la problemática que nunca se sabe por dónde comenzar a atender sus innumerables carencias.

La escuela está bajo la lupa de una sociedad que le cuestiona mucho más de lo que es capaz de ofrecer como autocrítica.

El sistema educativo es un engranaje con partes desmembradas, dirigido en ocasiones por personas que no están a la altura de las circunstancias ni son especialistas en la materia, y que dan sustento a un organismo más ocupado en cumplir las leyes (o zafar de ellas) que en acciones llamadas a generar mejores ciudadanos.

Las escuelas de gestión pública son señaladas por su aparente laxitud y facilismo mientras que las de gestión privada suelen ser cuestionadas por cierta rigurosidad en función de un mercantilismo que debe satisfacer, conformar, agradar y adular a quienes pagan por la eficiencia de un servicio antes que por la garantía de un derecho.

En cualquiera de los casos, hay algo que se mantiene intacto: la sobredemanda a docentes que viven distintas realidades, desde enfermarse psíquica y físicamente por cumplir con cada institución, hasta otros que estafan al Estado declarando horas que no cumplen, pasando por quienes deben atender cuestiones para las cuales ni siquiera se han preparado, teniendo que responder afirmativamente a exigencias de capacitación o participación en distintos proyectos sin contar con tiempo material ni apoyo institucional para llevarlos a cabo.

Mientras tanto, los estudiantes -particularmente los del nivel medio- quedan perdidos en un limbo sin saber los fundamentos.

¿Qué se aprende en la escuela?

¿Para qué deben ir?

¿Cómo pueden aprovechar significativamente el tiempo sin la sensación de que lo están perdiendo, como sujetados a una fuerza superior que los anula?

¿En qué medida también se hacen cargo de lo que les corresponde?

¿Por qué no tienen la dignidad de rebelarse, sin caer en la doble moral de cuestionar por cuestionar pero no haciendo nada distinto para que el status quo cambie de ecuación?

Los cierres de cuatrimestre o ciclo lectivo exponen esas carencias, todas juntas y casi al mismo momento.

De pronto, se ponen al día jóvenes que durante meses han permanecido entregados a la desidia de «estar» sin «ser» en las aulas, pero que luego le reclaman a la escuela no haber aprendido nada, siendo víctimas de un futuro tan incierto como sombrío por culpa de esa institución obsoleta a la que pertenecieron durante tantos años.

Más que los sistemas educativos, lo que está en crisis es la cultura escolar.

¿A quién se quiere engañar, cuando los docentes reciben trabajos prácticos sobre la hora, hechos a la ligera por estudiantes que sólo buscan un visado que les permita acreditar saberes que no están en condiciones de defender?

¿Ante qué autoridades hay que responder, para demostrar qué y por cuáles motivos?

¿Qué sentido tiene reproducir una lógica que agota por dónde se la evalúe: a docentes por tanto trabajo acumulado y a estudiantes por tanto tiempo libre, estresados por no aguantar más el hecho de estar tantas horas sin acceder a iniciativas emancipadoras que entusiasmen?

¿Por qué cada actor educativo se vuelve hijo del rigor, respondiendo solamente bajo la amenaza de no estar cumpliendo con las obligaciones de un Gran Hermano que a veces ahorca más de lo que aprieta?

¿Hasta cuándo seguirá reproduciéndose un estado de cosas que disimula un «como si» por parte de comunidades educativas que se encuentran tan lejos asumir sinceramientos como de aportar serios replanteos, con planes hechos a conciencia, a inmediato, mediano y largo plazo?

Todo es de una complejidad mayúscula que tampoco ayudan esos discursos estigmatizantes y alojados en la queja, que se jactan de la mediocridad creciente, cuestionando a la matrícula que automáticamente pasa de año como si fuera parte de un ganado.

Para estas encrucijadas no parecen haber alternativas. Salvo para Leopoldo Marechal, el poeta que tenía la llave de las soluciones al sentenciar que de todo laberinto se sale por arriba.


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