En febrero pasado, un joven uruguayo de 18 años de edad, que estaba de vacaciones en Punta del Este junto a su familia, recibió una brutal golpiza por parte de cuatro agresores que dijeron confundirlo con un ladrón.
Su padre, el reconocido filósofo y docente montevideano Pablo Romero, decidió visibilizar el caso a los fines de lograr justicia, sentar precedente y contribuir a la mejora de una sociedad que requiere la participación comprometida y democrática de todos sus integrantes.
La delicada situación expuso las debilidades del sistema judicial, sus lentos procesos de intervención y decisiones que parecieran ignorar los padecimientos de la víctima.
El principal damnificado, a punto de culminar su recorrido escolar en el bachillerato, pidió expresamente que el caso se resolviera lo más rápido posible, dado que de haber continuado habría sido sometido a instancias de revictimización por ser citado a declarar en próximas oportunidades.
Sus padres comprendieron el estado de vulnerabilidad de su hijo y lograron que se aplique la ley a los culpables pero proponiendo que la sentencia sea acompañada de una serie de pautas como un tratamiento psicológico para controlar la ira, realización de tareas comunitarias y prohibición de acercarse a 500 mts de la persona afectada.
Finalmente, el fallo se dio a conocer a través de un juicio abreviado. Según consigna Grupo R Multimedio: «Los agresores aceptaron su culpabilidad en los delitos de violencia privada y lesiones personales y recibieron una condena atenuada. Tres de los ofensores recibieron condena a 10 meses de prisión, mientras que uno de ellos, el que atropelló a la víctima con un cuatriciclo, deberá purgar una pena de 12 meses de prisión. En todos los casos la cárcel efectiva se sustituyó por medidas alternativas al cumplimiento efectivo de la pena» .
Al margen de la gravedad del hecho, es responsable y digna la labor de Pablo Romero, alguien que asume su rol de educador aún ante el dolor de un hijo. No pasa por apelar al facilismo de la mano dura y el castigo, sino por reencauzar a personas que deben aprender a vivir en sociedad sin repetir actos violentos.
Fotos: UYPRESS y Brecha