¿De qué vas a vivir cuando te jubiles?

El último 4 de diciembre, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.605, la cual estableció un impuesto extraordinario a personas físicas con un patrimonio mayor a 200 millones de pesos, reteniéndoles así el 2% de sus ingresos. La estrategia incluía la compra de vacunas contra la demanda del momento: resistir a la pandemia del Covid-19.

En un país con 15 millones de habitantes en situación de pobreza, era de esperar que la mayoría de la población aprobara esa medida. Incluso, hay quienes han celebrado como una conquista social la retención de haberes para los dueños de grandes fortunas.

Sin embargo, esa euforia debería contrastar con una deficiencia previa en las funciones del Estado como agente recaudador: ¿Cómo es posible que haya permitido crecer exponencialmente y durante tantas décadas tal desigualdad?

Por intermedio de Mafalda, Quino nos enseñaba la aspiración de la clase media a partir del peronismo: padre trabajador, madre ama de casa, hijos que iban a la escuela y vacaciones en verano durante 10 ó 15 días a la costa. Esa tendencia fue un rasgo característico de las décadas de 1960 a 1980, inclusive; y se debe al surgimiento del nuevo actor social que emerge desde mediados de 1940, cuando la clase obrera también iba al paraíso.

El mundo neoliberal de los años 1990 impactó fuertemente en Argentina, creando una ilusión dañina que cegó la conciencia de clase: desde entonces, los sectores altos consolidaron su hegemonía y los medios cumplieron ciertas fantasías (viajar al extranjero, tener casa y auto propios, entre otros asuntos), todo ello a costa de atentar contra los logros de los grupos más relegados, que se hundían en la pirámide social.

La inviabilidad del proyecto menemista hizo eclosión hacia fines de 2001. Tiempo después, y en el contexto de un país devastado, asumió el gobierno de Kirchner, que llevó a cabo políticas asistencialistas para paliar la brecha social. Por lo tanto, amplió los alcances del Estado y hubo expansión económica sin desarrollo. Los planes sociales, una medida que debería haber sido paliativa para recuperar estabilidad financiera, se convirtió en un derecho que se vuelve muy difícil de sostener si no va acompañada de creación de fuentes de trabajo para reactivar los ingresos.

La aparente solución devino parte de un problema que alentó el trabajo ilegal (es decir, «en negro»: una realidad que alcanza a casi 10 millones de personas económicamente activas de Argentina): para evitar los impuestos, las grandes y pequeñas empresas empezaron a contratar empleados de manera informal. Eso les permitía obtener más ganancias y, por ende, dar mejor remuneración a ciudadanos que se veían en la obligación de aceptar esas condiciones por la imperiosa necesidad de tener plata en mano para afrontar los gastos cada vez más demandantes de la vida cotidiana.

Mientras tanto, esta realidad que afecta a actuales trabajadores de 30, 40 y hasta 50 años de edad, repercute en el sistema previsional. ¿De qué van a vivir cuando se jubilen?

Al día de la fecha, la edad mínima para jubilarse es 65 años de edad para los hombres y 60 para las mujeres, que a su vez deben cumplir con otra condición: un mínimo de 30 años de servicios con aportes. Mientras tanto, del salario total de la población económicamente activa (siempre y cuando se legal, «en blanco»), un porcentaje se destina a los actuales jubilados, que disponen de una mensualidad a escala según hayan sido sus ingresos cuando eran activos laboralmente.

¿Pero qué sucede en estos tiempos?

La expectativa de vida aumenta con el paso del tiempo y hoy, una persona que tiene 60 ó 65 años de edad, estaría en condiciones de seguir trabajando. Esa perspectiva, no exenta de polémicas, fue fundamento del proyecto de reforma impulsado en 2017 por el gobierno de Cambiemos (hoy, Juntos por el Cambio), que pretendía aumentar la edad jubilatoria para reducir el déficit fiscal y salir del ahogo que implica para el Estado sostener tantos derechos que brinda por su cuenta y no está pudiendo afrontar.

¿Quiénes son los encargados de sostener el ingreso a los jubilados y los planes sociales para los grupos relegados? Las personas de clase media, que hoy ya no están en condiciones de acceder a una casa propia, sino que invierten en viajar, estudiar y acceder a bienes descartables, como la heladera, el lavarropas y quizás un automóvil. Al ser el sector más legalizado (no cuenta con el poder de las clases altas para evadir los impuestos ni tampoco se encuentra en la situación de vulnerabilidad de las clases populares), es más fácil de localizar en cuanto a los bienes que dispone.

Aun así, el arrebato a la clase media genera una preocupación cada vez más acuciante: la proporcionalidad indirecta entre más trabajo y menos ingresos. Si esa circunstancia se mantiene, ¿Qué pasará en un futuro, cuando esté retirada del mercado laboral?

La población económicamente activa que hoy tiene 30, 40 y hasta 50 años de edad, vive al día y sin capacidad de ahorros, con lo cual, dentro de algunas décadas, va a depender más que nunca de nuevas generaciones a las que la coyuntura actual se esmera en excluir.

Ante este panorama, no quedan dudas de que Argentina entró, desde hace mucho, en un laberinto sin salidas aparentes.

Foto: Agustín Bontempo, para Marcha.


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