El último 20 de marzo se cumplió un año de la oficialización de las medidas contra el Covid-19 en Argentina.
Aquella vez, la más importante medida del gobierno nacional fue decretar una cuarentena estricta que incluyó cierre de fronteras para limitar la inmigración y la movilidad interna en el país. El objetivo estaba claro: evitar el colapso del sistema sanitario.
Por esos días, la población de las grandes urbes tomó como costumbre salir a sus balcones y dar un aplauso simbólico a los profesionales de la salud, encargados de sostener a salvo y resguardo el más indispensable de los derechos humanos: la vida.
La ciudadanía asumió como gesto alentador el compromiso colectivo de fuerzas partidarias opositoras. Se creyó que finalmente surgía la oportunidad de iniciar un diálogo adulto y en pos del bien común.
Sin embargo, con el correr de los meses, el panorama fue modificándose.
Lo que en principio era una decisión que se prolongaba por no más a 15 días, tuvo sus prolongaciones hasta que se corrió de eje.
Las estadísticas eran miradas con recelo y profunda preocupación.
Argentina, que inicialmente había sido señalada como modelo de gestión para combatir el coronavirus, tuvo un ascenso en sus valores, que llegaron a colocarla en el Top 10 de cantidad de casos y muertes. Asimismo, los habitantes comenzaron a reclamar derechos vulnerados: la economía sufrió un retroceso, empresas y comercios cerraron, hubo cientos de miles de personas que quedaron sin trabajo y creció exponencialmente el daño psicológico de vivir en pleno aislamiento. Episodios de depresión, angustias y violencia, se propagaron como respuesta a una situación que trascendía a los alcances que podía lograr el propio Estado.
El personal sanitario sufrió agotamiento por verse desbordado ante una realidad compleja e impredecible y el Ministerio de Educación no alcanzaba a diseñar protocolos para el regreso a las clases presenciales en la escuela y la universidad, apelando a una conexión virtual que devenía desigual al excluir del sistema educativo a quienes no podían acceder.
Con una mirada en el propio país y otra en las demás naciones (vecinas y de la Región), las novedades iban alternando buenas con malas noticias.
Como aspecto a destacar, es importante reconocer que el mal mayor hasta ahora se evitó: el colapso del sistema sanitario. Aun así, desde fines de 2020 se están llevando estrategias para volver a la normalidad de la mejor posible, paulatina y concientemente.
Las nobles intenciones de encargar a especialistas la búsqueda de vacunas en el extranjero para inmunizar a la población cuentan con una credibilidad sometida a dudas, las cuales parecen despejarse ante los lamentables episodios de acomodos y corrupción que salpican los deberes del funcionario público: en febrero pasado salió a la luz un sistema de privilegios para vacunarse (denominado «Vacunatorio VIP») que contó con el aval de quien fuera Ministro de Salud de la Nación, separado de su cargo ante tal acto de irregularidad.
Al día de la fecha, un indicador que permite vislumbrar mejores condiciones de vida es el retorno a las clases presenciales y la apertura de lugares de esparcimiento público (restaurantes, cines, gimnasios, etc.), que generalmente cumplen con los requisitos para evitar contagios aunque hay denuncias de cierto relajamiento en algunos sectores de la sociedad.
Mientras la sombra de Brasil, el gigante de la Región, aumenta cada día (294 mil muertes y casi 12 millones de casos), Argentina está a la expectativa de optimizar sus valores (poco más de 2 millones de casos y alrededor de 55 mil muertes).
De todos modos, el problema más acuciante pasa por evitar una circunstancia que, a juzgar por lo ocurrido en otras partes del mundo, más tarde o más temprano sucederá: la llegada de una segunda o tercera ola de contagios.
En una iniciativa colectiva encargada por países emergentes como India y Sudáfrica, se está pidiendo a las grandes corporaciones que liberen las patentes del Covid-19; es decir, que las industrias farmacéuticas encargadas de promover los avances para generar los anticuerpos del virus descentralicen sus fórmulas, con lo cual en distintos lugares del globo podrían seguir desarrollándose investigaciones llamadas a controlar la pandemia o paliar sus efectos.
La disputa entre los grupos monopólicos y los gobiernos está lejos de llegar a su final. Mientras los primeros defienden su proceder como una inversión que debe recuperarse en algún momento pero que su finalidad es la cura del Covid-19, los segundos analizan en términos de emergencia la necesidad de llevar a cabo una exploración más plural, porque de esa manera habría más chances de hallar soluciones en el mediano plazo.
Esos distintos posicionamientos dan lugar a un conjunto de preguntas que hoy parecen estar lejos de responderse:
¿Por qué los países centrales no liberan las patentes, si en nombre de la humanidad deberían hacerlo ante un caso de excepcionalidad como el que aquí se cita?
¿Cómo podrían acordar sus estrategias los diversos Estados si los grupos económicos tienen más poder que ellos?
¿Las potencias industrializadas utilizan a la población más relegada del planeta para llevar a cabo sus experimentaciones, enviando vacunas para que sean testeadas en otras comunidades y así garantizar o no su éxito en la aplicación?
Sin muchas certezas, hay una que parece irrefutable: todavía queda mucho camino por recorrer ante un escenario tan cambiante como confusamente renovado.
Fotos: El Blog Salmón, Médicos Sin Fronteras, Salud con lupa.
Adriano LH 