Falencia estructural

En una de las paredes externas de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, hay un afiche que más allá de estar con daños y gastado por el paso de los días, no miente:

«Sin computadoras, la educación no es pública ni gratuita».

La mención sucede en 2020, el tiempo en que colapsaron los cimientos del mundo como nunca antes desde el fin de la última Guerra Mundial; y a 14 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 (promulgada el 14 de diciembre de 2006), que amplía, defiende y sostiene los derechos educativos de todas las personas del territorio argentino para los diversos niveles del sistema (Inicial, Primaria, Secundaria y Superior).

En aquel entonces, Argentina transitaba un período de estabilidad institucional tras el neoliberalismo de los años 90 que desembocó en la crisis de 2001. Asimismo, el contexto de la Región invitaba a pensar en proyecciones colectivas de naciones emergentes que comenzaban a crear acuerdos por adherir a similares ideologías políticas. Como pocas veces, Latinoamérica había encontrado alternativas para oponerse al colonialismo de las grandes potencias, que si bien nunca dejó de manifestarse, al menos veía recortado su poder.

Por consiguiente, el Gobierno Nacional impulsó algunas decisiones de raíz para poner en primer plano a la educación y reconociéndola como política de Estado: obligatoria en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria; con énfasis en alentar la continuidad de los estudios en institutos terciarios y universidades, gestionándose la legitimidad de títulos y la creación de centros que atiendan a las demandas de la población desde una perspectiva federal. Además, se establecieron puentes entre la Educación Especial y la educación común, propiciando encuentros y estrategias para la inclusión como un derecho trascendental a las escuelas.

En la misma dirección, se definió que el 6% anual del PBI debe estar destinado a la educación, incluyéndose en ese presupuesto las infraestructuras de los edificios escolares, los recursos y materiales didácticos, las jornadas de capacitación, entre otros alcances.

Todos estos derechos amparados en garantías constitucionales, que también atienden a diversos tratados internacionales, fueron reformas estructurales que se acompañaron de cambios coyunturales; como por ejemplo, la resignificación y transformación de los diseños curriculares.

A tal efecto, se crearon espacios pedagógicos con pretensiones interdisciplinarias, llevándose a cabo modelos constructivistas que, de alguna manera, son afines a las tendencias actuales: en un mundo globalizado con auge en las comunicaciones, conectar saberes es integrar aprendizajes.

Sin embargo, ninguna intervención debe ser forzosa. La crisis del coronavirus expuso las falencias de un sistema que en situaciones habituales no estaba preparado para afrontar las problemáticas latentes; mucho menos, en tiempos de pandemia. En el caso de Argentina, quedaron al desnudo las desarticulaciones que van desde la cima a la base de la estructura piramidal en que participan distintos actores involucrados.

La educación a distancia fue una respuesta urgente a las medidas de un planeta aislado y encerrado para evitar contagios.

El Ministerio de Educación no supo gestionar la carencia.

Las escuelas quedaron entrampadas, a mitad de camino entre la enseñanza fragmentada, el asistencialismo y el abandono de persona.

Los estudiantes se enfrentaron a la desigualdad: algunos pudieron acceder y otros ni siquiera eso.

Muchas comunidades educativas se vieron privadas del derecho de aprender por estar abocadas, lógicamente, a otras prioridades.

Y hubo docentes que hicieron lo que pudieron; algunos guiados genuinamente por su vocación y otros buscando quedar bien con esas autoridades que no tienen término medio: o ningunean a los profesionales a cargo (como la Ministra de Educación de CABA), o los explotan adulando la gloria personal de quienes están convencidos de salvarse solos para dar curso a sus propios y dudosos intereses.

Trabajar en equipo es más complejo que encabezar proyectos sin idoneidad a los fines de estar bien cerca de la cumbre; lo cual confirma que uno conoce mejor a las personas cuando tienen (o están seguras de tener) algo de poder.


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