Un problema estructural

No es de ahora, tampoco patrimonio exclusivo de este gobierno ni de los anteriores. Existe desde el retorno de la democracia en 1983 y gana la preocupación de una ciudadanía cada vez más frustrada ante la falta de respuestas que brinden soluciones.

El problema de la inseguridad -como otros vinculados a derechos prioritarios de la población (salud, trabajo, alimentación, vivienda, educación) es estructural y no coyuntural.

Resulta complejo analizarlo; mucho más, establecer políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno.

La polarización de la política también alcanza a este asunto: por un lado, el garantismo (comprender el contexto de los delincuentes, contenerlos y acompañarlos para que no queden excluidos de la sociedad, porque si eso sucediera las consecuencias serían peores para el colectivo); por el otro, la denominada «mano dura» (hacer cumplir las leyes, sancionar, no tener contemplaciones ni miradas excepcionales ante la evidencia de quienes cometen daños que muchas veces son irreparables).

Tal discusión llega a los medios de comunicación, que haciéndose eco de sus ideologías -partidarias u opositoras- apelan al morbo para mostrar sus posiciones. En la lógica de la repetición de escenas que van hacia atrás o hacia delante, con pausas y zoom, videograph e intervenciones gráficas como círculos y flechas, alientan otro tipo de violencia que tampoco resuelven la problemática de fondo.

El efecto es devastador, porque origina una crispación que lleva a expresiones simplistas y vacías de sentido, reducidas a la queja afirmar que quienes delinquen están libres y aquellas personas que se defienden quedan presas.

Quizás algo de cierto haya en tales manifestaciones de disconformidad; negarlo sería de necios. Sin embargo, también existe una ignorancia que no se disimula al plantear como personal una problemática de índole social. Las convicciones no deberían quedar subsumidas al mano a mano de «si te pasara a vos, quiero ver qué pensarías».

Hace unos días, el debate volvió a escena con el episodio de un jubilado que asesinó a quien le robó. Las imágenes replicadas hasta el mínimo detalle, confirman que es tan complejo definir los límites de la legítima defensa como que resulta antipático hablar de una verdad que no debería admitir dudas: sea ladrón o inocente, todas las personas tienen derechos.

En su agenda de promesas, la clase dirigente promete lo que no cumple. Debe lidiar con el entramado de las Fuerzas de Seguridad, muchas de ellas atravesadas por la incompetencia, la corrupción y las estigmatizaciones de las que no logran desligarse (antecedentes sobran: desaparecidos en democracia, gatillo fácil, secretos compartidos).

Lo importante es comprender que, si el problema atañe a todos, también es necesario involucrarse; no solamente desde la queja, la denuncia, el estallido de impotencia, sino también desde el compromiso hacia la acción desde cualquier lugar que ocupe cada ciudadano.

Este problema -estructural, como ya se ha mencionado- no se revierte con formas de ocasión. Más policías en las calles, por ejemplo, aportan poco y nada a la salida del conflicto.

Se necesitan política públicas que busquen primero paliar los alcances del mal mayor hasta convertir en fortalezas pequeños pasos en materia de integración social.

Las leyes, además de cumplirse, también deben contemplar con eficiencia e idoneidad el mecanismo de la anticipación: como dice el proverbio, más vale prevenir que curar.

Sin educación, sin trabajo, sin vivienda, sin comida, sin oportunidades, el grito será siempre de lamento; y puestos cara a cara, el delincuente y la víctima, ambos sentirán la frustración de que cárcel o libertad -a modo de cartas marcadas- no elimina el inconveniente sino que lo multiplica.

Foto: ISARGENTINA

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