Parece existir un denominador común: cuando un gobierno se encuentra acorralado, apela a la violencia.
Generalmente, tales acciones atentan contra grupos reaccionarios; y en ese sentido, la combinación de ser joven y estudiante constituye -de por sí- una amenaza al poder de turno.
A mediados de 1966, Onganía tomó por arrebato el mando del país y en su brutalidad acabo con la gestión de Illia.
Consumado el hecho, uno de los siguientes pasos fue ir por la toma de las universidades.
En algunas Facultades de la UBA (Exactas y Naturales, Filosofía y Letras) se gestó una resistencia que rápidamente fue desmantelada por los uniformados.
Secuencias de golpes, arrestos, persecuciones y fugas, dominaron la escena que por esos días marcó el pulso de una política autoritaria dispuesta a no dejar crecer a sectores opositores.
Los ideales de la Reforma Universitaria (gobierno autónomo constituido por docentes, estudiantes y graduados) quedaron suspendidos por un tiempo.
Como consecuencia de la ofensiva militar -contraria al desarrollo de la ciencia y la investigación-, varias Facultades quedaron desvastadas, debiendo emigrar muchos talentos. A esta realidad se la denominó «Fuga de Cerebros«.
A poco más de cinco décadas de este triste suceso, conviene siempre resignificar los acontecimientos e indagar si de alguna manera se siguen replicando o no.
Ya no existen dictaduras como antes, pero sí sigue siendo una deuda de la democracia los fondos destinados a la educación.
En el contexto de políticas neoliberales que impactan no solamente en Argentina sino también en otros países de la Región, se presenta como una conquista social el hecho de dar más poder, financiamiento y autonomía a la policía o miembros de gendarmería que a las universidades nacionales, cuyos miembros suelen salir a la calle visibilizando vaciamientos y un estado de postergación que debería avergonzar al conjunto de la ciudadanía.
Adriano LH 