Fuego cruzado

La inseguridad no es una sensación.

Circula entre diversos sectores de la sociedad y se ve en episodios que se repiten constantemente, muchos de los cuales llegan a los medios, que al mismo tiempo amplifican los impactos de una realidad que supera hasta al Estado mismo.

Las víctimas son muchas y no cesan.

Asaltos, robos, heridas, violencias de distinta índole y muertes se suceden; teniendo todas esas circunstancias el común denominador de un peligro instalado y muy difícil de erradicar.

Ante estas realidades, la población exige soluciones y pone el ojo en la esperanza de que los gobiernos salven a partir de recetas que no existen.

Y aquí también hay otra grieta en un país dividido desde hace varios años:

Por un lado, están quienes creen en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, encolumnando sus pedidos en la presencia de más policías en las calles y en muchos casos a favor de la denominada mano dura (más vigilancia, más control, más castigo).

Por el otro, una corriente que basándose en los derechos humanos, la cual se posiciona en un lugar que no criminaliza a los delincuentes sino que los asume como víctimas de un sistema de exclusión que lleva a la desviación de los comportamientos; y a propósito de ello, se afirma la necesidad de favorecer políticas públicas de integración y desarrollo.

Al parecer, ninguna de las dos posturas hegemónicas lograron acabar con la inseguridad; y así las cosas, entonces, se deben estudiar las causas que han impedido llevar tranquilidad a la población.

Evidentemente, hay un problema que es complejo y nunca podrá tener solución de un día para el otro. El factor humano influye: la corrupción, vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, una Justicia capaz de tener miradas ambiguas ante casos que no ameritarían mayores discusiones, y un sistema carcelario que colapsa en número de internos pero que no puede brindar posibilidades de reinserción a quienes han delinquido.

Esta semana, una de las noticias más salientes es la medida que impulsó el gobierno nacional a partir de la ministra Patricia Bullrich: se felixibiliza el uso de armas de fuego por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad, medida que dice ampararse en dictámenes de la ONU pero que tergiversa su contenido, lo cual le ha valido el rechazo por parte de Amnistía Internacional y colectivos de derechos humanos; entre otros motivos, por ser inconstitucional.

¿En qué se basa el decreto? Básicamente, en darle mayor autonomía a los policías, quienes podrán disparar sin dar la voz de alto y sin que haya agresión previa.

Lejos de brindar seguridad, la resolución pone en alerta a toda la población porque no disminuye los riesgos de violencia sino que los multiplica. Disparar ya no será el último recurso sino tal vez el primero; y en función de ello, habrá más víctimas de gatillo fácil porque también hay que pensar que si así son las condiciones, muy probablemente quienes delinquen se preparen para una disputa cuerpo a cuerpo.

Pensar en esta decisión expone las fragilidades de un Estado incapaz de proyectar políticas públicas de prevención, ya que da luz verde a acciones represivas que engendran más violencia de la que ya hay.

No significa disminuir el delito sino potenciarlo.

El deliberado incremento de balas de fuego nunca pueden ser parte de la solución sino que, por el contrario, representan parte del problema.

Foto: copla.fpycs (Instagram)

GF

 

 

 


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